Redacción MBA
En los últimos meses, las billeteras virtuales se consolidaron como un canal digital accesible para millones de argentinos que buscaban adquirir dólar oficial, facilitando un acceso ágil y sin intermediarios bancarios tradicionales, a menudo inaccesibles para sectores vulnerables. Sin embargo, en septiembre de 2025, esta operatoria se detuvo abruptamente por orden del BCRA, que argumentó la ilegalidad de estas transacciones a través de fintech, aclarando que solo bancos y casas de cambio tienen autorización para la venta de divisas oficiales.
La autoridad monetaria tomó la decisión tras detectar que algunas billeteras virtuales intermediaban operaciones de dólar oficial a través de bancos terceros, un mecanismo que el BCRA consideró fuera del marco legal vigente. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que esta “interpretación errónea” de la normativa exponía riesgos para la estabilidad cambiaria y la transparencia de las operaciones.
Bausili acentuó: “No se trata de un nuevo cepo, sino de reiterar que las operaciones de compra del dólar oficial deben hacerse exclusivamente por entidades autorizadas. Queremos evitar la tercerización de operaciones que no garantizan el cumplimiento del control cambiario y pueden fomentar prácticas especulativas.” En ese sentido, enfatizó que la prohibición busca preservar las reservas internacionales en un contexto económico de alta presión sobre el dólar.
El traspié generó un desconcierto considerable en el sector fintech y entre los usuarios. Fintech como Mercado Pago y Cocos Capital venían ofreciendo la venta de dólar oficial a través de un acuerdo con el Banco Industrial (BIND), que intermediaba técnicamente la operación mediante un esquema “llave en mano”. Las divisas compradas no quedaban en la billetera, sino vinculadas a una cuenta bancaria, asegurando de esta manera una trazabilidad y custodia bancaria.
Mercado Pago difundió un comunicado donde aclaró: “La interrupción de la venta de dólar oficial responde a una comunicación del Banco Central transmitida por nuestro proveedor bancario, Banco Industrial, y no a una decisión propia. Nuestra plataforma opera en cumplimiento de la regulación vigente y con la transparencia requerida.”
Por su parte, Ariel Sbdar, CEO de Cocos Capital, manifestó: “Nos pidieron apagar la operatoria. Esto no representa una quita arbitraria del servicio, sino que responde a una instrucción del BCRA canalizada a través del Banco Industrial. Seguimos operando normalmente en dólares MEP y demás productos financieros autorizados.”
Estas declaraciones evidencian que la medida no fue una clausura directa a las fintech, sino una orden que impactó a las plataformas a través de sus bancos intermediarios, mostrando la complejidad técnica y regulatoria detrás de estas operaciones.
Este episodio no solo es local, sino que refleja un fenómeno global donde los Estados pugnan por controlar activos digitales y flujos financieros que se vuelven cada vez más intangibles, inmediatos y descentralizados. A veces con regulaciones estudiadas y otras veces como en este caso, porque el gobierno no logra controlar la Economia de un país en los hechos bimonetario que por momentos vive en una montaña rusa micro y macroeconomica. En ese contecto, la tensión entre la necesidad estatal de control y la velocidad disruptiva de la tecnología financiera plantea un desafío mayúsculo.
En Argentina, la prohibición evidencia la dificultad de convivir con un ecosistema creciente de emprendedores digitales y consumidores hiperconectados, mientras no se logra sostener un sistema financiero tradicional que preserve el orden y la estabilidad macroeconómica y termina complicando a personas y emprendedores por igual con un cambio de reglas constante.
