
El Gobierno impulsa la venta del 44% de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) —operadora de Atucha I, Atucha II y Embalse— con 51% de control estatal y hasta 5% para un Programa de Propiedad Participada (PPP) de trabajadores. La promesa es sencilla: capital privado para obras críticas como la extensión de vida de Atucha I y el nuevo almacenamiento en seco de combustible. La pregunta es menos cómoda: ¿cuánto financiamiento vale ceder parte del timón de una infraestructura que, por definición, es también un instrumento de soberanía energética y tecnológica?