Redacción MBA
Cuando Donald Trump publicó en Truth Social que "Apple acordó trabajar con Intel para diseñar y construir sus chips en Estados Unidos", el mercado reaccionó antes de que cualquiera de las dos compañías emitiera un comunicado oficial. Las acciones de Intel treparon hasta un 8,8% en el premercado del 18 de junio —llegando a cotizar en torno a los US$ 131,70— en lo que podría ser el mayor valor de la historia de la empresa si la suba se sostiene durante la rueda. La paradoja es visible: una compañía que acumula años de cuota de mercado cedida al diseño asiático, que tardó en saltar al proceso de 7 nanómetros mientras TSMC y Samsung avanzaban, recibe hoy un impulso que no viene de una mejora técnica autónoma sino de la Casa Blanca. El acuerdo —aún sin confirmar por las empresas— condensa la política industrial más intervencionista que se recuerda en el sector de semiconductores en décadas.
El anuncio presidencial en Truth Social describió una narrativa de tres actos: primero Nvidia acordó fabricar sus chips de primera generación con Intel; luego Elon Musk aceptó construir TerraFab, la mayor fábrica de chips del mundo, diseñada junto con el equipo tecnológico de Intel; finalmente Apple cerró el trato. Trump explicó además que el Gobierno estadounidense adquirió 433,3 millones de acciones ordinarias de Intel a un precio de 20,47 dólares por acción —equivalente a una participación del 9,9% en la compañía—, y remarcó que cuando realizó esa oferta Intel valía alrededor de US$ 100.000 millones y que ahora supera los US$ 600.000 millones. Sin embargo, tanto Apple como Intel no confirmaron el acuerdo al momento del cierre de esta edición. El Wall Street Journal había adelantado en mayo que existía un entendimiento preliminar para que Intel fabricara algunos chips para Apple, resultado de más de un año de negociaciones, pero "preliminar" y "acordado" no son la misma cosa. Es la distancia entre un anuncio político y un contrato de manufactura.
Lejos de ser una anécdota bursátil, el timing tiene sustento técnico. Esta semana Intel informó que su proceso de fabricación 18A —su nodo más avanzado, equivalente a 1,8 nanómetros de densidad efectiva— ingresó en la fase de producción inicial. Es la primera vez desde los primeros años 2010 que Intel puede presentarse ante un cliente de la talla de Apple con una hoja de ruta de manufactura competitiva frente a TSMC. El 18A es relevante porque incorpora transistores RibbonFET y el sistema de alimentación PowerVia en la parte trasera del wafer, dos arquitecturas que la industria considera un salto generacional genuino. Si la tecnología escala sin los problemas de rendimiento que afectaron a procesos anteriores de Intel —Intel 7, Intel 4— el acuerdo con Apple tendría una base fabril real; si los yields de producción no acompañan, el anuncio de Trump quedaría expuesto como marketing industrial de alto vuelo.
La dependencia de Apple de la Corporación de Manufactura de Semiconductores de Taiwán (TSMC) es, desde hace años, uno de los vectores de riesgo geopolítico más citados por analistas de la industria. La mayor parte de los chips A-series y M-series que alimentan iPhones, iPads y Macs se fabrican en fábricas taiwanesas, con todo lo que eso implica en términos de vulnerabilidad ante una escalada del conflicto en el estrecho. Diversificar parte de esa cadena hacia plantas en suelo continental estadounidense —Intel tiene instalaciones en Oregon y está construyendo en Ohio y Arizona bajo el paraguas de la Ley CHIPS de 2022— reduciría esa exposición. El costo de esa diversificación es, por ahora, incierto: los chips de TSMC son los más baratos del mundo a paridad de proceso, y cualquier traslado de volumen a Intel implica comparar rendimientos, precios por wafer y curvas de aprendizaje que Intel todavía no ha completado con el 18A.
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Hay una paradoja en el centro de esto: la compañía que más fielmente encarnó el capitalismo privado de Silicon Valley —"Intel Inside" fue durante décadas sinónimo de autosuficiencia tecnológica estadounidense— depende hoy de una participación accionaria gubernamental del 9,9% y de un presidente que actúa como su principal agente comercial en redes sociales. El Gobierno de Trump compró esas acciones a 20,47 dólares y las ve cotizar hoy a más de seis veces ese valor; en términos puramente financieros, es una inversión estatal que habría dejado en ridículo a cualquier fondo soberano. El modelo recuerda a la política industrial que Estados Unidos durante décadas criticó en Asia: subsidios directos, participaciones cruzadas, fabricantes nacionales protegidos por decretos y por la presión desde la cumbre del poder ejecutivo. La diferencia que Trump aduciría es que la amenaza geopolítica justifica el método.
La reacción inmediata del mercado fue extenderse más allá de Intel. El miércoles 18 de junio las acciones de todo el segmento de chips en Estados Unidos subieron ante la expectativa de que un acuerdo Apple-Intel pueda catalizar más contratos de manufactura doméstica y más flujo de subsidios de la Ley CHIPS hacia la cadena local. PowerBank Corporation (Nasdaq: PBK) también sumó una sesión de ganancias ese mismo día —con una suba del 15,4% en el premercado del jueves— aunque por razones distintas: la empresa obtuvo elegibilidad para el Crédito Fiscal de Inversión federal para 23 proyectos solares y de almacenamiento de energía en Nueva York y Pensilvania, con un valor estimado de aproximadamente US$ 94,7 millones en créditos. La Ley One Big Beautiful Bill, promulgada el 4 de julio de 2025, especifica que el Crédito Fiscal de Inversión de la Sección 48E para instalaciones solares será eliminado de forma gradual, y los proyectos que inicien construcción antes del 4 de julio de 2026 conservan la elegibilidad. Dos sectores distintos, una lógica común: los inversores están apostando a que la política industrial de la administración Trump convierte a compañías domésticas en ganadoras estructurales frente a la competencia asiática.
El interrogante que queda abierto no es técnico ni financiero, sino de gobernanza: ¿puede una democracia industrializada sostener en el tiempo una política de campeones nacionales en alta tecnología sin que la protección estatal degrade la competitividad que esa misma política intenta recuperar?
