Redacción MBA
Cuando el Banco Central de Brasil (BCB) lanzó Pix en noviembre de 2020, en plena pandemia, las fintech locales celebraron: más competencia, menos fricciones, acceso masivo. Lo que ninguna predijo con precisión fue el alcance del movimiento de ajedrez que acababa de ejecutar el regulador. No era una concesión al mercado. Era una captura del mercado. Cinco años después, Pix representa el 54,7% de todas las transacciones financieras del país, según datos del Banco Central correspondientes al segundo semestre de 2025. El efectivo quedó en tercer lugar. Las tarjetas de débito, en segundo. Y el BCB, propietario de la infraestructura, opera como árbitro, jugador y regulador al mismo tiempo.
La arquitectura de Pix no fue un accidente regulatorio: fue una decisión de diseño. A diferencia de los sistemas de pago privados —donde cada institución construye su red y extrae rentas de cada transacción—, el BCB diseñó el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI) como infraestructura pública obligatoria. Todas las instituciones financieras con más de 500.000 clientes activos debieron adherirse. Las fintech podían participar, pero bajo las reglas del regulador y sin cobrar comisiones al usuario final. La gratuidad fue la llave. Operaciones que antes costaban entre 5 y 15 reales por una transferencia bancaria tradicional (TED o DOC) pasaron a costar cero. Las transacciones saltaron de 9.400 millones en 2021 a 63.000 millones en 2024 y a 80.000 millones en 2025, con un volumen de R$ 35,4 billones, equivalentes a más del doble del PBI brasileño de ese año.
El impacto social de Pix no es un efecto secundario: es, probablemente, su logro más significativo. Brasil arrastraba históricamente un mercado de pagos carísimo y una bancarización fragmentada, con decenas de millones de personas —trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes del norte profundo— que operaban en cash por exclusión, no por elección. Según la Federación Brasileña de Bancos (Febraban), más de 71 millones de brasileños accedieron al sistema bancario formal desde la creación de Pix, atraídos por una plataforma que no requería cuenta en un banco tradicional ni tarjeta previa, sino apenas un número de celular o un DNI. Para octubre de 2025, más del 90% de la población adulta había realizado al menos una transferencia a través de Pix, según datos del Centro de Estudios en Microfinanzas e Inclusión Financiera de la Fundación Getulio Vargas (FGVcemif).
El dato geográfico es tan relevante como el agregado. Los estados de la región norte —Amazonas, Amapá, Pará— figuran entre los que más usan Pix, con valores de transacción más bajos que el promedio nacional pero frecuencias más altas. En 2024, los residentes de Amazonas realizaron un promedio de 48 transacciones mensuales, más que cualquier otro estado del país, incluyendo San Pablo. Hay una paradoja en el centro de esto: la tecnología financiera llegó primero, y con mayor intensidad, allí donde la banca física nunca fue. El estado con menos sucursales bancarias por habitante resultó ser el que más usa el sistema más avanzado del país.
El efecto no se detiene en los pagos. Un estudio del Banco de Pagos Internacionales (BIS) publicado en 2024 cuantificó que cada aumento del 1% en la base de usuarios de Pix se traduce en un incremento del 0,8% en la apertura de nuevas cuentas bancarias y del 0,45% en la creación de nuevas relaciones de crédito. La herramienta de pago funcionó como puerta de entrada al sistema financiero: una vez adentro, los usuarios comenzaron a demandar y recibir otros servicios. El propio BCB lo señaló en mayo de 2026 ante la Comisión de Asuntos Económicos del Senado: "El Pix incluyó personas que estaban al margen del sistema, que pasaron a tener cuentas bancarias y, consecuentemente, tarjeta de crédito."
Hay una tensión que conviene nombrar: las mismas fintech que impulsaron la presión regulatoria hacia la apertura del sistema financiero —y que celebraron la llegada de Pix como un viento favorable— terminaron atadas a la infraestructura del banco central. Pueden usar el sistema, añadir capas de servicio encima, explotar los datos de sus usuarios con consentimiento vía open finance, pero no pueden competir en la capa base. Esa capa pertenece al Estado. El matiz importa: la regulación no mató a las fintech brasileñas —Brasil sigue siendo el mayor mercado de tecnología financiera de América Latina—, pero sí limitó el techo de su poder estructural. En 2025, el Banco Central anticipó para 2026 el ingreso de las instituciones de pago al perímetro regulatorio pleno, con mayores requisitos de capital, supervisión reforzada y límites por operación en transferencias. La flexibilidad que permitió crecer rápido a muchos actores privados se reduce año a año.
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La Resolución BCB Nº 561, publicada en mayo de 2026, fue la señal más nítida de hacia dónde apunta el regulador. La norma prohíbe el uso de Bitcoin y stablecoins para liquidar operaciones dentro del sistema eFX —el esquema que usan las fintech para pagos internacionales—, obligando a canalizar todo por el circuito cambiario formal o mediante cuentas en reales de no residentes. El argumento oficial fue la prevención del lavado de activos y el control del riesgo sistémico. La lectura de mercado fue otra: el BCB cierra una zona gris que permitía a startups competir con el sistema regulado usando activos fuera de su jurisdicción. El propio creador de Pix cuestionó la medida, pero admitió que ordenaba un mercado que operaba sin suficiente transparencia. La frontera entre regulación prudente y proteccionismo estatal es, en este caso, deliberadamente borrosa.
No es un dato menor que ningún otro país haya logrado una adopción de pagos instantáneos con la velocidad y profundidad que Brasil alcanzó en apenas cinco años. La India tiene UPI, la Unión Europea tiene SEPA Instant, México tiene CoDi —relanzado como DiMo con resultados mixtos—, pero ninguno combina la cobertura, el volumen y la integración con el sistema financiero formal al nivel que logró el BCB. El crecimiento no fue a costa del sistema preexistente: las transacciones con tarjeta de crédito en Brasil alcanzaron R$ 4,5 billones en 2025, un 125% más que en 2020, el año del lanzamiento de Pix. El mercado total creció empujado por la incorporación masiva de nuevos usuarios, no por el desplazamiento de los anteriores.
En Argentina, la disputa entre bancos y fintech por el control de los pagos de salarios sigue sin resolverse, mientras el Banco Central local no ha desplegado una infraestructura equivalente. La experiencia brasileña demuestra que inclusión financiera y control estatal no son fuerzas necesariamente opuestas: pueden moverse juntas, y con notable eficacia.
