Redacción MBA
Una secuencia alfanumérica encontrada en el peritaje de un celular puede parecer un dato técnico menor. En una investigación judicial, sin embargo, puede convertirse en una puerta de entrada a movimientos financieros, redes de intermediación y eventuales responsabilidades que todavía deben ser acreditadas. Eso ocurre en Bolivia con Fernando Cerimedo, el consultor argentino detenido preventivamente en una causa por tentativa de feminicidio, a quien ahora se vincula de manera indiciaria con una billetera de criptomonedas que registró transferencias por USD 66.606.
El dato tiene una dimensión política evidente, por la trayectoria regional de Cerimedo y sus vínculos con campañas de derecha en América Latina, incluida la de Javier Milei en 2023. Pero la cuestión más relevante excede a una persona: muestra hasta qué punto las criptomonedas cambiaron las herramientas disponibles para seguir el dinero y, al mismo tiempo, las dificultades para convertir un registro abierto de blockchain en una imputación sólida.
La cadena de bloques permite observar transferencias, fechas, montos y direcciones públicas. No identifica por sí sola a las personas físicas detrás de esas direcciones. Esa diferencia es central para evitar dos errores opuestos: asumir que el dinero cripto es intrínsecamente invisible o tratar una coincidencia técnica como si fuera una condena anticipada.
La dirección fue detectada en una captura de pantalla incorporada al análisis forense del teléfono secuestrado a Cerimedo. A partir de ese registro, el senador boliviano Leonardo Roca difundió un rastreo que reconstruyó actividad durante una vez meses: 320 transferencias por un volumen acumulado de USD 66.606 y un saldo actual de apenas USD 9,33.
El patrón señalado no es el de una cuenta que conserva fondos durante largos períodos, sino el de una billetera que recibe y reenvía activos. De acuerdo con la reconstrucción pública, la dirección habría operado como intermediaria entre depósitos de entrada y diez cuentas de destino. Además, registró movimientos los días 20 y 21 de agosto, cuando Cerimedo ya se encontró detenido, un elemento que refuerza la necesidad de establecer quién posee las claves de acceso y quién controlaba efectivamente las operaciones.
En términos técnicos, que una billetera esté en un teléfono no alcanza para probar que su dueño sea titular de los fondos. Puede tratarse de una dirección observada, una cuenta administrada por terceros, un dato copiado o una billetera cuya clave privada no está almacenada en el dispositivo. La prueba relevante debe combinar el registro on-chain con el contenido completo de la pericia informática, la cadena de custodia, los accesos a exchanges, comunicaciones, movimientos bancarios y declaraciones de las personas involucradas.
La propia información difundida alrededor del caso contiene esa cautela. El código hallado y el recorrido de las transacciones permiten formular preguntas investigativas concretas, pero no establecido de manera autónoma el destino final del dinero ni la titularidad jurídica de cada cuenta.
La cifra de USD 66.606 es importante por sí misma, sobre todo si se confirma que la cuenta funcionó como canal de paso y no como una billetera personal de ahorro. Sin embargo, el interés de los investigadores está puesto en el entramado de direcciones conectadas con esa cuenta.
El análisis divulgado sostiene que uno de los primeros depósitos, de USD 1.000, provenía de una dirección que había recibido cerca de USD 1,39 millones y distribuido prácticamente la totalidad entre 45 destinatarios. El seguimiento posterior también identificó vínculos con billeteras que, según Roca, llegaron a concentrar movimientos mucho más altos. Las cifras difundidas en distintos reportes no son idénticos: algunas referencias hablan de una red de hasta USD 132,8 millones y otras de transferencias por más de USD 44 millones durante seis meses. Esa divergencia puede obedecer a que se estén midiendo direcciones distintas, períodos diferentes o el volumen total de transacciones en lugar de los saldos efectivamente controlados.
Es una distinción decisiva. En blockchain, el “volumen móvil” no equivale necesariamente a patrimonio. Una misma suma puede recorrer varias direcciones y contabilizarse más de una vez; una billetera puede funcionar como pasarela operativa, depósito temporal, dirección de un servicio o mecanismo de agrupamiento de pagos. Tampoco la conexión entre dos direcciones permite afirmar automáticamente que pertenecen al mismo grupo: puede haber una relación comercial, una transferencia aislada o una interacción a través de una plataforma.
La investigación deberá determinar si existió un control común entre las billeteras, qué activos se utilizaron, qué plataformas de participación y si hubo conversión de criptomonedas a efectivo o a instrumentos financieros tradicionales. El salto desde una traza digital a una hipótesis de lavado, corrupción o encubrimiento requiere precisamente esa corroboración externa.
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La promesa de anonimato absoluto fue una de las ideas que acompañó a Bitcoin ya buena parte del universo cripto en sus primeros años. La práctica es bastante más compleja. Las blockchains públicas son, en rigor, sistemas seudónimos: las operaciones quedan disponibles para cualquier persona que conozca la dirección, pero no vienen acompañadas por un nombre, un documento o una cuenta bancaria.
Por eso las investigaciones financieras contemporáneas combinan varias capas de evidencia. Primero, el análisis de blockchain permite agrupar direcciones, detectar patrones, medir recurrencias y observar transferencias hacia servicios conocidos. Después, la investigación judicial busca asociar esas direcciones con individuos o entidades concretas.
En un caso como el de Cerimedo, las preguntas deben ordenarse alrededor de pruebas verificables:
Si la dirección estaba guardada junto con una frase semilla, una clave privada o credenciales de una plataforma.
Si existen correos, chats o archivos que vinculan operaciones específicas con el consultor o con personas de su entorno.
Si las transferencias llegaron a intercambios que exigen procesos de identificación de clientes.
Si hay correspondencia entre los ingresos cripto, bienes, efectivo, sociedades, contratos o movimientos bancarios.
Si las diez cuentas de destino pertenecen a personas relacionadas entre sí oa servicios de custodia de terceros.
El hallazgo de una billetera, entonces, no clausura una investigación: apenas la vuelve más específica. La fortaleza de blockchain está en que deja registro persistente de los movimientos. Su límite aparece cuando hay que atribuir intención, beneficiario final y origen económico de los activos.
Cerimedo ya permanecía detenido preventivamente por 180 días en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, dentro de la investigación por el ataque armado contra la abogada Nadia Beller, su expareja. La Fiscalía boliviana le atribuye de manera provisoria tentativa de feminicidio; el consultor rechazó las acusaciones y sostuvo su inocencia. La prisión preventiva no constituye una condena y el proceso debe preservar las garantías de defensa y el principio de inocencia.
En paralelo, la Fiscalía anunció que avanzaría con una imputación por presunto enriquecimiento ilícito y solicitaría una nueva medida de detención preventiva en esa causa. El fiscal Miguel Cardozo afirmó que la investigación reúne elementos e indicios para formalizar esa etapa procesal, aunque el alcance definitivo de las acusaciones dependerá de las pruebas que se incorporan al expediente y de las decisiones judiciales posteriores.
La aparición de la ruta cripto agrega complejidad porque puede ofrecer información que no depende exclusivamente de testimonios. Pero tampoco puede ser tratado como un atajo. Las direcciones pueden rastrearse, los montos pueden contarse y las operaciones pueden fecharse; Aun así, una investigación responsable debe separar lo comprobado de lo que todavía es una inferencia.
Ese estándar importa particularmente en un contexto latinoamericano donde las criptomonedas se expandieron por razones muy distintas: ahorro frente a monedas inestables, remesas, cobros internacionales, arbitraje, especulación, evasión de controles y, también, posibles circuitos ilícitos. Una misma infraestructura puede servir para multas legales o ilegales. El punto no es criminalizar a la tecnología, sino exigir trazabilidad y controles proporcionales cuando aparecen señales de riesgo.
El caso también expone una paradoja que suele perderse en el debate público. Cripto no es un territorio sin rastros: muchas operaciones dejan más huella técnica que una transacción de efectivo. La dificultad está en articular capacidades estatales, cooperación entre países y acceso judicial a los datos de intermediarios regulados.
Para Bolivia, Argentina y la región, el desafío no consiste únicamente en imponer nuevas restricciones. Requiere unidades especializadas capaces de leer blockchain, preservar evidencia digital, distinguir entre una billetera autocustodiada y una cuenta en un exchange, y trabajar con estándares de prevención de lavado sin invadir de manera indiscriminada la privacidad financiera.
También obliga a revisar el lugar de los asesores políticos, las consultoras digitales y las estructuras de comunicación en las campañas contemporáneas. El dinero puede financiar publicidad, servicios tecnológicos, redes de cuentas automatizadas, encuestas, logística o intermediaciones cuya naturaleza resulta difícil de reconstruir cuando faltan registros contables claros. La opacidad no nace con las criptomonedas, pero las herramientas digitales pueden acelerar su circulación transfronteriza.
Lo que se define en los tribunales bolivianos tendrá consecuencias personales y políticas para Cerimedo. Pero el debate de fondo es más amplio: si una dirección pública permite seguir el recorrido de los fondos, ¿están los organismos de control de América Latina preparados para transformar esa transparencia técnica en investigaciones rigurosas, con pruebas suficientes y sin reemplazar la justicia por una captura de pantalla?
