Redacción MBA
António Guterres subió por última vez al atril de la Asamblea General de la ONU este martes 22 de septiembre, seis meses antes de dejar el cargo, y eligió como eje de su discurso final una idea incómoda: los gobiernos y las personas están cediendo poder de decisión a las máquinas más rápido de lo que pueden entenderlas. La escena tuvo algo de paradoja. Mientras el diplomático uruguayo pedía controles multilaterales sobre la inteligencia artificial (IA), en Buenos Aires el propio Congreso frenaba, esa misma semana, un proyecto de ley que va exactamente en la dirección opuesta a la que Guterres reclama para el mundo.
Guterres estructuró su despedida alrededor de lo que llamó cuatro "pruebas de poder": la guerra y la paz, la desigualdad creciente, la crisis climática y el desarrollo de la IA. No las presentó como problemas aislados, sino como capítulos de una misma historia sobre quién decide y quién queda afuera de esa decisión. Sostuvo que los seres humanos ceden cada vez más poder a las máquinas, y que los agentes artificiales ya actúan por su cuenta, al advertir que las armas autónomas dejaron de ser una hipótesis de ciencia ficción para convertirse en una realidad militar concreta.
La frase no fue improvisada. En julio, en la apertura del primer Diálogo Global de la ONU sobre Gobernanza de la IA en Ginebra, Guterres ya había hablado de robots operando en el campo de batalla como norma y no como excepción. Lo que cambió entre julio y septiembre fue el tono: de la advertencia técnica pasó al llamado urgente, con la certeza de que se trata de su última oportunidad de dejar planteado el problema antes de dejar el cargo el 31 de diciembre.
El dato más duro del discurso fue institucional, no tecnológico: existen alrededor de 40 marcos de gobernanza sobre IA distribuidos entre países, bloques regionales y organismos multilaterales, y ninguno demostró hasta ahora capacidad real de frenar los riesgos que identifica la propia ONU. Guterres pidió avanzar hacia un único marco multilateral de gestión de riesgos de IA respaldado por supervisión independiente, e insistió en que las potencias que lideran el desarrollo de la tecnología deben compartir información sobre fallas de seguridad y someterse a pruebas comunes.
La propuesta choca con una tensión que el propio secretario general había reconocido en una conferencia de prensa previa, el 16 de septiembre: las pausas voluntarias no funcionan si solo las aplican algunos países, mientras Estados Unidos y China compiten por el liderazgo tecnológico sin ceder terreno estratégico. Es la contradicción de fondo de todo el planteo: pedir cooperación global en un momento de fragmentación geopolítica creciente, justo cuando menos gobiernos están dispuestos a resignar ventaja competitiva por un acuerdo común.
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El contraste local resulta difícil de ignorar. Mientras Guterres reclamaba controles internacionales, el Gobierno de Javier Milei perdía terreno en el Senado con un proyecto que modifica la Ley General de Sociedades, vigente desde 1972, para crear la figura de la "sociedad automatizada": empresas que desarrollan su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de IA, sin necesidad de trabajadores en relación de dependencia para su funcionamiento ordinario. El propio Milei defendió la iniciativa en una columna publicada en el Financial Times, donde describió el primer pilar del proyecto como un compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse con libertad.
El 11 de septiembre, legisladores de distintos bloques admitieron que el oficialismo deberá frenar la totalidad o al menos una parte central de esa reforma, en medio de lo que calificaron como el mismo fenómeno que trabó otras leyes sensibles en el pasado: la resistencia crece cuando el debate se conecta con una alarma global. La ironía es que, en paralelo, el Congreso argentino acumula al menos otros dos proyectos de sentido inverso, de los diputados Diego Giuliano y Juan Fernando Brügge, que buscan crear un registro nacional de sistemas de IA clasificados por nivel de riesgo, con evaluaciones de impacto obligatorias antes de su puesta en funcionamiento. El país no tiene hoy ninguna ley específica sobre IA y discute al mismo tiempo dos caminos opuestos: liberarla por completo o someterla a un régimen de riesgo calcado de modelos como el europeo.
Guterres habló de concentración de poder en un reducido número de corporaciones e individuos, y esa frase tiene un correlato medible en los mercados que sus propias advertencias no mencionan pero que los inversores siguen de cerca. Los llamados Siete Magníficos —Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla— sumaban a mediados de este año una capitalización bursátil conjunta superior a los USD 23 billones, y las compañías con exposición directa a IA representaban entre 40% y 45% del valor total del S&P 500, con Nvidia sola por encima del 8% del índice.
Esa concentración alimenta un debate paralelo al de la ONU: si el gasto de capital de estas empresas en centros de datos y chips no logra traducirse en ganancias proporcionales, la corrección de esas valuaciones podría tener un efecto sistémico sobre el resto del mercado, precisamente por el peso que tienen sobre los índices globales. Guterres advierte sobre el poder político de la IA; los analistas financieros advierten sobre su poder de arrastre bursátil. Son dos caras de la misma acumulación.
Quedan pocos meses para que Guterres complete su mandato y para que quede claro si su llamado a un marco multilateral de riesgo deja alguna huella institucional, o si se suma a la lista de advertencias diplomáticas que no logran torcer decisiones ya tomadas en los parlamentos y en los mercados. La pregunta que late detrás de su discurso final es si un organismo que reconoce tener 40 marcos regulatorios sin efectividad real puede todavía construir el número 41 antes de que la tecnología decida por su cuenta cuál es el terreno de juego.
